Ciudad de México.- A poco más de un mes de que se instale la Asamblea Constituyente encargada de discutir y aprobar la Carta Magna de esta ciudad, muchos son los pendientes que deben atender y resolver los involucrados en la construcción de esa normatividad, si quieren llevar un debate ordenado y profesional que derive en una Constitución digna de la capital del país.
De entrada, la organización interna pinta para convertirse en un desastre, pues a estas alturas se carece de procedimientos de operación y de un reglamento; es decir, no se sabe cuánto tiempo durarán las sesiones, el tiempo máximo que tendrá cada diputado al momento de intervenir, ni cómo se organizará el debate con sus réplicas, contra réplicas o alusiones.
Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, puso el dedo en el renglón sobre éste y otros déficits que arrastra el Constituyente durante una conferencia magistral que se realizó hace una semana en el Senado de la República, titulada “Hacia el Constituyente de la Ciudad de México ¿Cómo fortalecer la representación política y mejorar la calidad de la democracia en la ciudad?”.
Ahí, el académico dijo que hasta este momento el Constituyente no tiene procedimientos definidos y acusó la falta de un Secretario Técnico, figura indispensable para lograr que exista un eje articulador de los debates, de los temas, de los tiempos y de las sesiones.
Un secretario técnico lo tienen todas aquellas instituciones y órganos colegiados de discusión, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por todas las comisiones del Senado de la República y la Cámara de Diputados, hasta los gabinetes de los gobiernos federal y de las entidades federativas. Pues bien, en la Asamblea Constituyente, nadie se ha puesto de acuerdo en definir esa posición.
Salazar Ugarte señaló más retos y pendientes. Y no habló sólo por hacerlo; tiene conocimiento de causa, pues es integrante del equipo redactor del proyecto de Constitución.
Dijo que ante la falta de reglamentos y de procedimientos definidos al seno del Constituyente, Mancera tiene el reto de que, el documento que presente, sea lo suficientemente sólido para que funcione como un eje articulador de las discusiones.
Además, mencionó límites de términos constitucionales que se deben respetar, es decir, la Carta Magna local no puede estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues eso generaría acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
Tratar de resolver conflictos entre derechos no le toca a la Constitución local; eso debe recaer en el ámbito jurisdiccional. Sería un error, por ejemplo, buscar la ponderación entre la libertad de manifestación sobre libertad de tránsito, pues esto acabaría también en una acción de inconstitucionalidad.
Otro tema: No llevar a la Constitución local lo que debe estar en las leyes secundarias.
“Eso es una tentación grandísima, porque nos lleva a tener un profundo desprecio sobre las leyes secundarias. Se vuelve farragoso, inaccesible, confuso y difícil de operar”, dijo Pedro Salazar.
Más retos en el mediano plazo, dichos por Salazar Ugarte, tienen que ver con la necesidad de que el Constituyente trascienda la visión partidista, genere un espíritu de cuerpo que entienda el tamaño de la misión por la cual existe, además de resolverlo pronto pues el tiempo está encima.
La conferencia magistral impartida en el Senado estuvo a cargo del doctor Manuel Alcántara, director de Flacso España y académico de la Universidad de Salamanca, quien lanzó una serie de interrogantes que desde su punto de vista deben estar incorporadas en el debate de la Asamblea Constituyente.
¿Los mecanismos de democracia directa dentro de la democracia representativa son buenos o malos? ¿Son funcionales o no lo son? ¿Qué va a pasar en el Constituyente cuando se discuta el tema de la democracia directa en el futuro de la Ciudad de México?
Esas preguntas son las que se hizo el doctor Alcántara y sus comentarios dejaron una serie de reflexiones entre los asistentes, como la necesidad de contar con una opinión pública robusta, informada, que acompañe los procesos deliberativos, sin apasionamientos y sin visiones difusas.
Ahí está otro reto para este Constituyente, el de informar, pero hacerlo con claridad y profundidad, pues una información parcial, matizada y sesgada sólo generará una opinión pública desinformada y por ende caprichosa, que tenderá a la irracionalidad.
Imprimir artículo
