Ciudad de México.- La primera Constitución Política de la Ciudad de México establece una serie de innovaciones en materia electoral y de representación política, orientadas a perfeccionar nuestra convivencia democrática. De esta manera, se garantiza el derecho individual y colectivo de las personas para incidir en las decisiones públicas a través del referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, quedando garantizada constitucionalmente la democracia directa (art. 25); se contemplan las candidaturas sin partido para abrir caminos a la ciudadanía en el acceso a los cargos de elección popular (art. 27); y, sobre todo, se mandata una nueva composición del Poder Legislativo en donde 33 diputados serán electos por el principio de mayoría relativa y otros 33 por representación proporcional, obligando a una estricta paridad de género (art. 29).
En una democracia las elecciones son la esencia de la política. El vocablo elección proviene del latín electio, que significa acción de escoger. Las elecciones son procedimientos por medio de los cuales los miembros de una sociedad escogen a sus representantes. Ellas implican conductas racionales que contrastan tanto con la designación basada en cacicazgos, como con la cooptación que es oligárquica y perpetúa al grupo dominante. Las elecciones se diferencian también de los nombramientos directos hechos conforme a reglas de sucesión o hereditarias. Las elecciones son, contemporáneamente, una técnica para la designación de los representantes políticos y una forma de participación ciudadana.
La representación hace referencia a la calidad de una democracia. Expresa la respuesta y permeabilidad institucional a la participación de sus ciudadanos. El voto es el acto más frecuente —y en las condiciones actuales quizá el único— para la participación de la mayoría de los individuos en nuestros sistemas políticos. Las elecciones libres mantienen y hacen funcionar a las instituciones democráticas, por lo que el voto debe tener efectos concretos sobre la distribución del poder político. Sin embargo, como sucede en cualquier sistema competitivo, la contienda electoral tiene por objetivo la búsqueda del mayor número de sufragios. La lucha política es intensa y apasionada, por lo que en ocasiones las estrategias adoptadas se apartan de la legalidad.
Por ello, la Constitución Política CDMX también establece un articulado sistema de nulidades en materia electoral, para otorgar amplias garantías a los ciudadanos y al mismo tiempo, a los diferentes actores políticos en materia de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia y rendición de cuentas. Los delitos electorales atentan contra el sufragio efectivo, afectan la secrecía del voto, limitan su universalidad, condicionan la individualidad en el ejercicio del derecho al voto y restringen la libertad de sufragio. Son agravios directos contra la expresión soberana de la voluntad popular. Toda vez que votar implica una manifestación individual, para construir una voluntad colectiva, sobre los asuntos políticos de la Ciudad, es necesario hacerla respetar a través de medidas coercitivas e impulsando una cultura de la legalidad y de la denuncia ciudadana.
Este nuevo modelo busca corregir las imperfecciones democráticas. Debemos estar vigilantes para que las leyes secundarias que se elaborarán, se mantengan apegadas a los derechos establecidos por el Poder Constituyente.
@isidrohcisneros
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