Ciudad de México.- La Comisión de Desarrollo Sostenible de la Asamblea Constituyente eliminó del proyecto de dictamen el numeral 7 del artículo 21, que en días recientes provocó discusión y debate de los ciudadanos ante la preocupación de un nuevo impuesto por plusvalía.
Los constituyentes dejaron de lado la solicitud que en días recientes realizó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para que este numeral fuera sustituido con la redacción del artículo 122 de la Constitución Federal y el tercero transitorio de la Ley General de Asentamientos Urbanos.Por unanimidad desaparecieron el párrafo que daba pie a las confusiones ante el "supuesto nuevo gravamen".
La propuesta del mandatario capitalino no fue discutida entre los legisladores y tras la votación avanzaron a la discusión del siguiente numeral.
Los diputados designados por el ejecutivo Fernando Lerdo de Tejada y Claudia Pastor, destacaron durante el debate que la redacción que generó controversia violentaba el derecho a la propiedad privada y señalaron que estaba fuera de lugar que el Mancera solicitara modificaciones a su propia propuesta.
Al término de la votación, con respecto al artículo 21, inciso C, numeral 7, los diputados confirmaron la idea de que no se aplicará ningún impuesto adicional a quienes derivado de la inversión pública incrementen el valor del suelo de su propiedad.
Tras este cambio, en el proyecto de dictamen algunas reservas del numeral 7 fueron trasladadas para su discusión al 9 (que se convirtió en el 8); entre ellas las propuestas realizadas por los diputados René Cervera, Cecilia Soto, Gabriel Quadri y Alejandro Bustos Olivares.
Los legisladores, Soto del PRD y Cervera de Movimiento Ciudadano, lograron la aprobación de un párrafo -en el nuevo artículo 8- que asegura que "la ley establecerá mecanismos para adquirir derechos de edificación adicionales", es decir, quienes tengan el deseo de crecer su propiedad verticalmente -más allá de lo permitido- deberán compensar a la ciudad.
Gabriel Quadri logró que fuera incluido un párrafo más, que especifica lo siguiente: "los desarrollos inmobiliarios en la ciudad estarán obligados a la compensación de impactos urbanos y ambientales y a contribuir a mejorar el equipamiento, infraestructura y espacio público" de las zonas afectadas por su influencia.
El presidente de la Comisión que discutió estos artículos el día de hoy, Enrique Provencio, aseguró que aunque será incentivado el crecimiento de desarrollo vertical a cambio de compensación, no se permitirá una expansión descontrolada de la Ciudad, pues precisamente este dictamen incluye un Programa de Ordenamiento Territorial que impida el descontrol de la marcha urbana.
Finalmente, el día de hoy también se conservó la redacción para que las consultas a la ciudadanía afectadas por el cambio de uso de suelo tengan carácter vinculante "según lo establecido en esta Constitución" y se refrendó que el Gobierno de la ciudad regule los cambios de uso de suelo "con la participación que corresponda al Congreso en los casos de alto impacto".
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