El consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad teje fino en la Asamblea Constituyente

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Ciudad de México.- El consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad, Manuel Granados, teje fino en la Asamblea Constituyente. Llega al salón de sesiones del órgano legislativo y saluda, conversa rápido con algunos diputados, pero dialoga más tiempo con otros. Hace tiros de precisión.

A los legisladores de los distintos grupos parlamentarios parece no importarles demasiado que el funcionario, cercano del Jefe de Gobierno, venga a las sesiones. Lo ha hecho a diario durante esta semana.

Nadie, ni los constituyentes más críticos, se han quejado de la presencia del consejero, quien centra su atención en los presidentes de comisiones.

Este jueves dialogó largo rato con el perredista Armando Ríos Piter, presidente de la Comisión de Buen Gobierno de la Asamblea Constituyente, el grupo de trabajo encargado de elaborar el dictamen sobre los temas de fiscalización, rendición de cuentas y anticorrupción.

El miércoles, Granados centró su atención en el priista Manuel Díaz Infante, presidente de la Comisión de Poder Judicial, de la cual salió el dictamen relacionado con los órganos constitucionales autónomos y la operación del poder judicial de esta ciudad.

Cuando dialoga con los legisladores en los que tiene interés, casi siempre Manuel Granados se hace acompañar por Rogelio Muñiz Toledo, quien fuera el secretario ejecutivo del grupo redactor del proyecto de Constitución.

Granados le señala a Muñiz con quién le interesa hablar y este último lo acerca con ese legislador. Entonces, el diputado y el consejero se ponen a conversar en un rincón del salón de sesiones; en el diálogo el funcionario casi siempre luce un rostro serio y concentrado, pocas veces sonríe.

Pero cuando a Granados se le pregunta en entrevista a qué vino a la Asamblea Constituyente ofrece diversas versiones sobre su visita. Hay a quien le dice que está aquí porque a la administración capitalina le interesa dar seguimiento los temas generados en la Comisión de Ciudadanía, como la revocación del mandato y el futuro sistema electoral.

Otra versión del consejero es que viene aquí a hacer un intercambio de opiniones y de orientación sobre los alcances que se buscaban en el grupo redactor del proyecto de Constitución e incluso para platicar sobre temas de la agenda nacional como los amparos interpuestos por la administración de Miguel Ángel Mancera en contra del llamado “gasolinazo”.

-En particular lo hemos visto platicando en el Pleno con presidentes de comisiones, como el de Poder Judicial y Buen Gobierno ¿en esos rubros hay alguna preocupación particular de parte del gobierno de la Ciudad?-, se le preguntó a Granados cuando ya salía de la Asamblea Constituyente-

-No, simplemente que se lleguen a los acuerdos. Entiendo que están muy avanzados en esa comisión, pero bueno, es de interés propio, por ser abogado, saber cuál es la ruta que está decidiendo el Constituyente. Yo creo que eso también es muy importante-, respondió Granados al tiempo que fruncía el ceño y se mordía el labio inferior.

Tan fino teje el consejero que, cuando se le pregunta a diputados con los que él ha conversado sobre la razón de la charla, esos legisladores reaccionan sorprendidos. Manuel Díaz Infante negaba que se hubiera dado alguna conservación.

“Sólo me saludo, somos amigos”, dijo un cortante Díaz Infante,  quien cuestionado en el sentido de que para ser un saludo la charla había durado mucho tiempo, respondió de manera entre cortada alegando que él se ha distinguido por llevar con total transparencia los trabajos de la Comisión de Poder Judicial.

Por cierto que, cuando Granados se retiraba de la Asamblea Constituyente, se le preguntó si el gobierno capitalino había analizado alguna opción jurídica para ampliar el plazo que tiene este órgano legislativo para aprobar la Constitución local, el cual vence el próximo 31 de enero.

“Yo creo que el ejercicio democrático realizado por la Asamblea Constituyente ha sido el correcto, de encontrar consensos, respetar que cada proceso sea avalado por una mayoría calificada de los presentes en el Pleno. Hemos sido muy respetuosos en el Ejecutivo; damos seguimiento porque obviamente, el día de mañana será cancha del Ejecutivo para la instrumentación de iniciativas constitucionales”, expuso.

Sobre la posibilidad de que no se cumplan los plazos dijo que existe un compromiso de las distintas bancadas y ello se demuestra con el mecanismo utilizado para el desahogo de reservas.  Agregó que será la Constituyente en un ejercicio soberano la que decida si es posible definir una prórroga.

Mecanismos de democracia directa

En la sesión de este jueves, la Asamblea Constituyente entró al debate de un importantísimo artículo 30, relacionado con los mecanismos de democracia directa que quedarán consagrados en la Constitución de la Ciudad.

Esos instrumentos considerados en el dictamen son la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, la consulta popular y la revocación del mandato.

El documento que presentó la Comisión de Ciudadanía para el debate de hoy, establece que los ciudadanos tienen derecho de iniciar leyes y decretos, así como reformas a la misma constitución ante el Congreso de la Ciudad de México, el cual establecerá una comisión para su procesamiento. Para ser admitidos los proyectos deberán contar con las firmas de por lo menos el 0.13 % de las personas inscritas en la lista nominal de electores de la ciudad.

Estas iniciativas tendrán el carácter preferente cuando cuenten con al menos el 0.25% de las firmas de ciudadanos.

También se aprobó que los ciudadanos tienen derecho a ser consultados en plebiscito para aprobar o rechazar decisiones públicas que sean competencia del poder ejecutivo de la ciudad o de las alcaldías. Para que proceda el plebiscito deberá contar con al menos el 0.4% de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito correspondiente.

También lo podrá solicitar el o la titular de la Jefatura de Gobierno, las dos terceras partes de las alcaldías y una tercera parte de los integrantes del Congreso de la ciudad.

En el apartado relativo al derecho a la consulta ciudadana se abrió un debate respecto a las modificaciones que se llevaron a cabo en la comisión.

Clara Jusidman, diputada designada por el Jefe de Gobierno, dijo que la nueva redacción no clarificaba el propósito de este instrumento de democracia directa, por lo que Manuel Oropeza, legislador del PRD presentó en tribuna una nueva redacción de consenso elaborada durante la sesión.

La propuesta fue aprobada por 76 votos en favor, dos en contra y una abstención, y establece que “las y los ciudadanos tienen derecho a la consulta en términos de lo dispuesto por esta Constitución y la ley en la materia. A través de este instrumento las autoridades someterán a consideración de los ciudadanos cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales de la ciudad”.

Se estableció que para llevar a cabo la consulta ciudadana deberá ser solicitada por al menos 2% de las personas inscritas en el listado nominal del ámbito territorial correspondiente.

En cuanto a la consulta popular, se aprobó que el Congreso podrá convocar a este mecanismo de participación a solicitud de al menos el 2% de la lista nominal de electores de la ciudad, el titular de la Jefatura de Gobierno, una tercera parte de los integrantes del Congreso, un tercio de las alcaldías, el 10% de los comités ciudadanos o las asambleas ciudadanas y los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en las materias que les afecten.

Esta consulta se realizará el mismo día de las elecciones locales y no se podrá llevar a cabo ningún otro instrumento de participación ciudadana  durante el proceso electoral.  

Sobre el tema de consulta popular, la legisladora de Morena, Patricia Ruiz Anchondo abrió el debate para acusar que en las reservas que recientemente se aprobaron en debates de la Comisión, se elevará el porcentaje de personas requeridas para solicitar la misma, pues inicialmente era de 0.4% de los inscritos en la lista nominal de la Ciudad y en la nueva redacción se elevó a 2%.

Dijo que ese 0.4 % representaba a 28 mil 400 personas, pero con el 2% se requerirá el respaldo de 141 mil 200 personas.

No podrán ser objeto de consulta popular las decisiones en materia de derechos humanos, penal, tributaria y fiscal. Ese mismo candado se aplicó para el plebiscito.

Quedó aprobado que se tendrán que reunir varios requisitos para que los mecanismos de democracia directa sean de carácter vinculatorio.

El resultado del plebiscito será obligatorio con la participación de al menos la tercera parte de las personas inscritas en el listado nominal de electores del ámbito respectivo.

Las consultas ciudadanas serán vinculantes cuando cuenten con la participación de al menos 15% de los electores del listado nominal del ámbito respectivo.

Se hace más grande el itacate

El apartado C del artículo 30, relativo al referéndum, no alcanzó consenso en Comisión de Ciudadanía, por lo que se remitió a la Mesa de Consulta. El texto remitido lo contemplaba como derecho ciudadano que permitiría aprobar las reformas a la Constitución capitalina y las disposiciones normativas de carácter general competencia del Congreso. Para ejercer este derecho, lo podrían solicitar al menos el 0.4% de la lista nominal de la ciudad; y dos terceras partes de los integrantes del Congreso local.

El instrumento de revocación del mandato fue enviado también a la Mesa de Consulta pues no alcanzó consenso en la comisión. Contemplaba que los resultados de este mecanismo serían obligatorios sólo cuando participe como mínimo el 40 por ciento de los electores inscritos en el listado nominal del ámbito respectivo y que el 60 por ciento se pronuncie en favor de la revocación.

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